La causa surgió por iniciativa de una profesora de Historia
de un secundario de Wilde y de una de sus alumnas, cuyo tío fue secuestrado
durante la dictadura. Los trabajadores desaparecidos pertenecían o estaban
vinculados con la comisión interna.
Por Alejandra Dandan
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| El empresario Jorge Born, secretario general del grupo Bunge & Born, en la mira de la Justicia por la desaparición de obreros de Molinos. |
Lorena Galeano es profesora de una escuela pública de
Avellaneda: el secundario No 26 de Wilde. Da clases de historia. Un día habló
con sus alumnos sobre la responsabilidad empresarial y los secuestros de
trabajadores durante la dictadura. Una de las estudiantes se le acercó para
contarle que tenía un tío desaparecido, alguien de la comisión interna de
Molinos Río de la Plata, secuestrado en 1976, del que no sabía casi nada. Ese
cruce entre Lorena y Abigail abrió una investigación en la escuela y más tarde
con otros dos hijos de trabajadores de Molinos desaparecidos. El trabajo
creció. Y ahora reúne una enorme cantidad de documentos, diarios de época,
testimonios de los desaparecidos y filmaciones que ellos mismos pusieron a
disposición de la Justicia. Hace cuatro meses presentaron todo ante la Justicia
Federal de la Plata y piden que se investigue al grupo Bunge & Born por el
secuestro y desaparición de por lo menos veinte trabajadores de la planta de
Molinos Avellaneda y de una niña que permanece desaparecida.
Todos los secuestros se produjeron a partir del golpe de
marzo de 1976 y hasta fines de 1978. Hubo varios hechos aislados y ocurridos en
localizaciones distintas, pero el énfasis de la denuncia está puesto en dos
operativos importantes. El más significativo se produjo el 7 de julio de 1976
en la puerta de la planta de Avellaneda y entre las cinco y seis de la mañana
que era la hora de ingreso del personal del turno mañana. De acuerdo con los
testimonios, ese día tres camiones del Ejército se estacionaron sobre la calle
Deán Funes y empezaron a cargar a un número aún incierto de trabajadores. Tres
de ellos están denunciados en esta causa y siguen desaparecidos. Ese mismo día
secuestraron de su casa a otro trabajador y a su esposa que también permanecen
desaparecidos. Estas cinco víctimas como las otras quince denunciadas
pertenecían, o estaban cerca, de la comisión interna que había ganado las
elecciones en 1973. Entre ellos había militantes de la JTP, Montoneros y uno de
Organización Comunista Poder Obrero. Y dos eran de la planta de Paseo Colón.
Una de las características que marca la denuncia es que durante los años
previos al golpe de Estado fueron perseguidos como resultado, sobre todo, del
enfrentamiento con la empresa. Durante el gobierno peronista, por ejemplo, los
trabajadores habían organizado “brigadas de control de precios” dentro de la
planta para frenar las “políticas de desabastecimiento de productos de primera
necesidad”. A ese hecho se sumó el tipo de demandas, el perfil combativo de la
comisión e indirectamente los efectos del secuestro de los Born.
Analía Fernández es hija de Francisco Fernández, uno de los
trabajadores desaparecidos en el operativo del 7 de julio. Ella es una de las
querellantes, con Roxana Freitas y Ernesto Ceferino Mattaboni (ver aparte),
hijos de otros desaparecidos. “En realidad, toda la vida supe que mi papá era
desaparecido, pero en mi casa jamás se habló del tema”, dice ella sobre otro eje
que abre la causa en el camino de reconstrucción de las historias. “Lo único
que tengo documentado de mi papá son las búsquedas que hicimos. Sus compañeros
ahora me están contando que era uno de los activos en las tomas, en las luchas
de la fábrica y en las huelgas que hacían, por ejemplo. Guido (uno de los
trabajadores sobrevivientes) me contó que cuando iban a hacer pintadas y
protestas lo elegían a papá para que vaya al frente. Eso, que siempre les ponía
el pecho a las balas, iba a hacer cualquier cosa, era tipo el guardaespaldas o
el que los protegía, es la visión que me dio de mi papá.”
Los ejes de la causa
La causa judicial la lleva adelante el abogado Javier Garín
y está en manos de la fiscalía de lesa humanidad de La Plata a cargo de Hernán
Schapiro y Gerardo Fernández. Ellos evalúan la competencia. Si el tema es
jurisdicción de La Plata o de la ciudad de Buenos Aires, donde se investigan
las causas del Primer Cuerpo del Ejército. Uno de los puntos que puede atar la
causa con La Plata es que el hecho más importante del 7 de julio ocurrió en
Avellaneda, que puede ser jurisdicción de La Plata. En el medio está la
discusión por los centros clandestinos donde fueron vistos algunos
trabajadores, y dónde la Justicia aceptará poner el eje. De todos modos, y a
pedido de la querella, mientras se resuelve el tema de fondo, la fiscalía
evalúa anticipar algunos testimonios de las personas que están muy avanzadas de
edad. El cuerpo de la denuncia es importante. No es extenso en páginas, pero sí
en contenido. Tiene el mérito de reconstruir el listado de víctimas, la mayoría
nunca denunciada como obreros de Molinos. El dato más significativo es que
intenta reconstruir una historia con eje en los conflictos entre la empresa y
los trabajadores para explicar las razones de la persecución. “Estas simples
citas permiten advertir –señalan– que dentro de la empresa Molinos Río de la
Plata existían grupos de obreros organizados que estaban llevando adelante una
lucha política y sindical que implicaba un fuerte enfrentamiento con la
patronal, considerando que de esta manera no sólo defendían sus intereses
inmediatos sino también al gobierno popular.”
La historia del conflicto
El conflicto entre los trabajadores de la planta Avellaneda
de Molinos y esa empresa aparece, así, marcado por la relación de la comisión
interna con el peronismo revolucionario. En esa línea, la denuncia enumera los
problemas. “Como es público y notorio, la empresa es parte de un poderoso
conglomerado económico del grupo Bunge & Born, cuya actividad principal ha
sido desde 1884 la exportación de cereales y elaboración de productos
alimenticios vinculado, a su vez, con el holding Bunge International Ltd”,
señala la denuncia en el arranque. “Durante los gobiernos constitucionales de
Héctor Cámpora y de Juan Domingo Perón dicha empresa se hallaba en un doble
conflicto: político y sindical”. En la faz política, Perón la denunció como
parte de los grupos económicos que provocaban desabastecimiento de productos de
primera necesidad. “Bunge & Born sostenía históricas diferencias con el
peronismo relacionadas con el IAPI y el control del comercio exterior desde los
tiempos del primer gobierno peronista”. En ese contexto, los propios
trabajadores ingresan al conflicto de los Born con el peronismo asumiendo un
rol de defensa de las “políticas del gobierno popular”. Organizan “brigadas de
control de precios” y denuncian ante el Ministerio de Trabajo el acopio de
alimentos por parte de Molinos, un hecho que quedó documentado en 1973 durante
una de las tomas de la planta. Uno de los documentos más importantes que
aportan en ese sentido son los testimonios de algunos trabajadores que más
tarde iban a ser desaparecidos. Los testimonios son del año 1974, fueron
tomados durante las movilizaciones y aparecen publicados en una revista. Uno es
de Marcos Augusto Vázquez, 32 años, secretario general de la Agrupación 17 de
Octubre que es la que ganó la comisión interna de la planta Avellaneda en 1973.
Vázquez era integrante de la CGT de la Resistencia, parte de la JTP, fue
secuestrado en diciembre de 1976 y permanece desaparecido. En junio de 1974,
durante el último discurso de Perón en la Plaza de Mayo hizo algunas
declaraciones a la revista Causa Peronista: “Como delegado general me puse en
contacto inmediatamente con el sindicato (Aceiteros) y luego de comunicar a la
empresa que se paralizaban las tareas, hicimos, como es nuestra costumbre para
adoptar cualquier decisión, una asamblea general (...). Perón llamó al pueblo a
asumir su responsabilidad (...). Por ejemplo, nosotros los aceiteros: sabemos
que aumenta 10 pesos el litro de aceite, bueno, tenemos que ir al sindicato, a
la Federación y a la CGT para que hagan explicar por qué aumentó esos 10 pesos
la firma. Porque, ¿qué pasa?: Si aumenta 10 pesos el litro, ya nos están dando obligación
a nosotros para que pidamos aumento de sueldo. Por eso, nosotros hemos sacado
una solicitada anteriormente, porque acá hemos sufrido dos aumentos de aceite y
al obrero nada. No hemos tenido aumento. Es decir, que todos los platos rotos
los tenemos que ligar siempre nosotros. Eso considero que no puede ser.
¿Entonces cómo nos hacemos respetar? Asumiendo lo que dijo el general Perón:
controlando los precios, el abastecimiento, la producción; o sea exigir
brigadas de controles, que se organicen de una vez por todas, es lo principal y
hay que acelerarlo”.
Los Born
El secuestro de los Born es otro eje de conflicto. Juan y
Jorge Born eran el gerente y director general del conglomerado cerealero. El 19
de septiembre de 1974 fueron secuestrados en una acción que se adjudicó
Montoneros. La organización pidió dinero de rescate y además “un millón de
dólares en mercadería que sería repartida en barrios pobres a través de
militantes y también, en algunos casos, de los mismos obreros de la empresa”.
Ese sería el eje de la disputa. Según los datos de la querella, los
trabajadores no participaron del secuestro, pero por lo menos dos de los que
aparecen en las listas de los desaparecidos colaboraron en el reparto de
mercancías. Ellos son Héctor Dadin Vacere y Santos Ojeda. Hoy se sabe que
estuvieron repartiendo mercaderías en Villa Tranquila que está a dos cuadras de
la planta. De acuerdo con el escrito esa participación hizo que “quedaran
‘marcados’ por la inteligencia interna de la firma”. Otro eje de ese conflicto
son las reivindicaciones que pidió Montoneros: salarios en forma, cancelación
de sueldos atrasados, reconocimiento de horas extras, mejoramiento de
condiciones laborales, provisión de ropa y elementos de seguridad laboral”,
entre otros. Según la denuncia, estos pedidos “coincidían con lo pedido por la
comisión interna (de la planta Avellaneda), lo cual pudo contribuir a la
sospecha, por parte de los directivos de la firma, de que los representantes
gremiales pudieran estar relacionados con el secuestro”. Otro de los puntos,
finalmente, son los dichos de Juan Born durante el juicio popular que le hizo
Montoneros. La denuncia señala en un momento que los trabajadores desaparecidos
eran de hecho “militantes y activistas gremiales y/o políticos combativos, de
quienes el propio señor Juan Born dirá, al declarar en ‘juicio popular’ durante
su secuestro, que le resultaba muy dificultoso o imposible llegar a acuerdos”.
Esa es la línea de la causa en la que al mismo tiempo se abre un análisis sobre
el frente sindical, la patronal y la dictadura. “Todo el cuadro indicado
demuestra a las claras la situación de grave conflictividad que se vivía dentro
de la empresa, el enfrentamiento y persecución ya existentes con anterioridad
al golpe de Estado contra trabajadores, delegados y activistas”, señalan.
Los hechos
El primer secuestro mencionado en la denuncia es del 1o de
julio de 1976. Ese día secuestraron a Avelino Freitas, el tío de Abigail, al
salir de su casa en Villa Corina, a las cinco de la mañana, para tomar el
colectivo que lo llevaba a la fábrica. Freitas era delegado gremial, parte de
la comisión interna del ’73, integrante de la JTP y de Montoneros. Tenía tres
hijos y su esposa estaba embarazada. El único dato que la familia logró saber
con el tiempo es que un vecino dijo haberlo visto en la Comisaría 4 de Villa
Domínico. Días más tarde, el 7 de julio se produjo el operativo más importante
en la puerta de la planta. Entre los secuestrados se llevaron a Francisco
Fernández, Roberto Ribolta y Santos Ojeda que siguen desaparecidos. “A todos
los secuestraron cuando estaban entrando a la fábrica”, dice Analía, la hija de
Fernández. “El lugar tenía una entrada con un fichero donde cada quien marcaba
horario. Ese día habían retirado las fichas de algunos”. Y entre ellas faltaba
también la de su padre. El era operario, ayudante foguista, parte del sector de
talleres, integrante de la JTP y cercano a la interna que había ganado en el
’73. Por los testimonios recogidos se cree que es posible que a las personas
que no tenían las fichas las hayan puesto primero en una oficina y luego en los
camiones del Ejército. Analía supo que a su padre lo subieron a uno de los
camiones pero no supo nada más. Santos Ojeda era de Formosa y había sido criado
por una familia adoptiva en el pueblo de Ibarreta. A los 14 años, los tutores
lo trajeron a Buenos Aires, para 1973 era parte de la interna que ganó las
elecciones y delegado, pertenecía a la JTP y aparece mencionado entre los que
trabajó en el reparto de las mercaderías por los Born. Luego del secuestro, en
su casa se presentó un hombre que no se identificó. Le entregó la ropa de
trabajo a su familia y les dijo que se lo habían llevado los de Coordinación
Federal. Durante su búsqueda, el tutor entró en contacto con la Brigada de
Investigaciones de Lanús, conocida como el Infierno en el circuito represivo.
Allí tuvo acceso a unos libros de ingresos y vio que el nombre de Santos
figuraba como ingresado el 7/7/76. Así se lo contó a Lorena Galeano en una
entrevista que ella dejó registrada en una filmación y que ahora forma parte de
la causa. En ese declaración, el tutor también le contó que en ese libro
también vio el nombre de Ricardo Almaraz, otro trabajador de la planta de
Avellaneda desaparecido, secuestrado ese día 7 de julio con su esposa Celia
Arzamendia en su domicilio de Lanús. Ambos son los otros dos nombres de la
lista que da cuenta de los desaparecidos de ese día. Aún se desconoce la
cantidad de gente que se llevaron ese 7 de julio, pero los testimonios
mencionan hasta setenta personas. Entre ellos hubo alguien que logró tirarse de
uno de los camiones. Su testimonio permitió hacer parte de la reconstrucción, y
según la profesora Lorena Galeano se desconoce si entre el resto hubo
sobrevivientes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-236444-2013-12-26.html
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