- Jessica Ávalos y Nelson Rauda
Instituto buscaba revisar archivo de operativos realizados
durante la guerra civil
El Ministerio de la
Defensa Nacional negó ayer al Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP) el acceso al archivo castrense. El IAIP buscaba realizar un
reconocimiento del archivo militar para determinar si existen documentos de
operativos militares realizados por el Ejército, entre 1981 y 1983, en los
cantones de Tenancingo y Guadalupe, municipio de Suchitoto, del departamento de
Cuscatlán; y en el cantón San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, San
Vicente.
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Restricción. El ministro de la Defensa, David Munguía,
dijo
que la Constitución de la República lo ampara
para denegar el acceso al archivo
militar.
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El IAIP sigue un proceso contra el Ministerio de la Defensa
desde que recibió un recurso de apelación de ciudadanos, a quienes el Ejército
les denegó la información sobre los operativos realizados durante la guerra
civil.
“El oficial de información del Ministerio de la Defensa dijo
que la información era inexistente, a raíz de esa supuesta inexistencia los
ciudadanos llegan al Instituto, que tuvo a bien ordenar el reconocimiento de
los archivos. La diligencia se frustró porque dijeron que el acceso tenía que
ser autorizada por el presidente de la República”, explicó Jaime Campos,
comisionado del IAIP.
El ministro de Defensa, David Munguía Payés, dijo que no
encontró en los archivos militares la información que fue solicitada. “Las
personas que estaban insatisfechas, lo que querían es entrar a las
instalaciones militares y hurgar nuestros archivos”, declaró el ministro, quien
compareció ante los medios después de una conferencia de prensa de Mauricio
Funes, presidente de la República.
Munguía Payés dijo que el artículo 168 de la Constitución de
la República le permite restringir el acceso público a archivos de la Fuerza
Armada. Esa disposición menciona que el presidente de la República tiene la
atribución de denegar a la Asamblea Legislativa los “planes militares
secretos”.
“No podemos permitir que alguien llegue a las instalaciones
militares a darle vuelta a todos nuestros archivos porque tenemos información
de carácter secreta”, justificó el ministro.
Funes defendió, por su parte, la autonomía de la gestión de
los ministros, aunque dijo que el ministro de Defensa lo consultó en este caso:
“Yo le dije (a Munguía Payés): ‘consúltelo con el jurídico de la Presidencia
para ver cuál puede ser el proceso jurídico más adecuado sin violar la ley’.
Autoricé a que, una vez consultado, tomara la decisión que estime conveniente”,
dijo el mandatario.
El IAIP, en cambio, considera que el Ejecutivo no tenía
asidero legal para impedir el acceso a los archivos castrenses. “Jurídicamente
hablando creemos que no hay impedimento para el reconocimiento, dado que el
titular del Ministerio de la Defensa es el ministro y no el presidente. Eso ya
se les hizo ver a ellos. Lo que va a hacer el instituto es valorar la negativa
que tiene el señor ministro de la Defensa, de acuerdo con la sana crítica”,
dijo Campos.
Proceso continúa
El instituto continuará hoy con la audiencia oral por la
denegación de la información. Esa diligencia está programada para las 8:30 de
la mañana. “La resolución del instituto puede ir en dos sentidos: el pleno
puede ordenar una nueva búsqueda de los documentos o, si considera que los
argumentos de inexistencia son suficientes, puede confirmar la decisión del
oficial”, mencionó el comisionado.
En julio de 1981, 45 personas fueron asesinadas en San
Francisco Angulo. La Fiscalía realizó dos exhumaciones, en las que desenterró a
40 de las víctimas. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) tiene en estudio una demanda presentada por sobrevivientes y por
familiares de las víctimas por falta de una investigación del caso.
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