Friday, 08 November 2013
Oscar
Álvarez, JJ Rendón, Porfirio Lobo, Juan Orlando y su hermano coronel
son ideólogos de esa campaña de odio, que concita el desprecio público e
induce ataques violentos a las personas disidentes.
En realidad, podría verse como un juego verbal en la conquista del electorado, y en condiciones democráticas sería un debate sobre las políticas de seguridad. Pero en práctica concreta en el país más violento de la Tierra es un juego peligroso, que puede pasar del simple jolgorio electoral a las balas calientes que asesinan.
La impunidad del sicariato criminal vinculado al propio Estado degradado ya no deja espacio para la imaginación. No se puede especular. Ellos asesinan y luego no pasa nada.
Sería ingenuo pensar que los políticos que atacan a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos después del 24 de noviembre van a disculparse con ellas, diciendo que sus expresiones eran solamente color de la campaña. No.
En realidad, es el mismo principio de orden y seguridad, mano dura contra la delincuencia, cero tolerancia a las maras y la doctrina de seguridad nacional. Eso deja víctimas. Eso es terrorismo de Estado.
Es una ideología guerrerista implantada desde el Pentágono sobre la mente de pobres criminales locales disfrazados de policías, militares y civiles tontos con reminiscencias de chafarotismo de cerro.
En el mero fondo de este tipo de campañas, la verdad, hay un resorte perverso de estímulo a los negocios, pues sus mismos impulsores venden en el mercado, armas, cámaras de vigilancia, religiones, partidos políticos y hacen que Dios y el Diablo convivan extraordinariamente amistosos todo el tiempo.
A organizaciones como el Cofadeh y a su coordinadora Bertha Oliva este tipo de campañas les ha dejado lesiones graves, que incluyen ataques verbales y físicos en su sede y en la calle, además de las desapariciones de seres queridos.
A otras organizaciones la campaña les ha dejado procesos penales y asesinatos. Autocensura. Criminalización de sus luchas.
Por haber educado en el conocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos en todas sus generaciones, el Ejército y la policía les llamó a las madres de los desaparecidos “defensoras de delincuentes”.
Inducían en los años 80s campañas para justificar su impunidad brutal diciendo que “por las presiones de las organizaciones de derechos humanos los policías se ven limitados para detener a los delincuentes y también los jueces para juzgarlos con todo el peso de la Ley”.
Puras excusas perversas de manipuladores pícaros para ocultar su proceder delincuencial, igual que ahora hablan el sobrino del criminal Gustavo Álvarez y el licenciado Arrazola, del partido de los golpistas, para atraer los votos según ellos de la población que amedrentan.
También el propio Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, en su afán de imponer de nuevo el militarismo contra la población, atacan las denuncias contra los abusos y violaciones a derechos humanos que cometen los robocops azules y negros que han sacado a las calles.
En muchas ocasiones, cuando no han podido justificar su demagogia en el tema de la inseguridad, agobiados por el peso de la opinión pública negativa encima de ellos, recurren al ataque. Atacan para que otros nos ataquen. Atacan así porque ellos esencialmente son cobardes.
Dicho en forma clara ellos son instrumentos de un neo fascismo que está decidido a detener con fuerza bruta la presencia del pueblo en la toma de decisiones políticas y, a la vez, profundizar a sangre y fuego un modelo neoliberal sangrón que destruye los derechos y garantías de los seres humanos.
Pero como ha contestado los ataques la coordinadora del Cofadeh, podemos repetir con ella, que “la policía militar es una banda de mercenarios integrantes de un nuevo escuadrón de muerte de cuyos actos violentos serán responsables Pepe Lobo y Juan Orlando”.
O quizás prefieran una respuesta como la del presidente de la ANDI, Adolfo Facussé, quien dijo que a pesar de la angustia de la gente en los barrios por la falta de seguridad “esos robocops no tienen nuestro apoyo porque no merecen nuestra confianza”.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 9 de noviembre de 2013
En realidad, podría verse como un juego verbal en la conquista del electorado, y en condiciones democráticas sería un debate sobre las políticas de seguridad. Pero en práctica concreta en el país más violento de la Tierra es un juego peligroso, que puede pasar del simple jolgorio electoral a las balas calientes que asesinan.
La impunidad del sicariato criminal vinculado al propio Estado degradado ya no deja espacio para la imaginación. No se puede especular. Ellos asesinan y luego no pasa nada.
Sería ingenuo pensar que los políticos que atacan a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos después del 24 de noviembre van a disculparse con ellas, diciendo que sus expresiones eran solamente color de la campaña. No.
En realidad, es el mismo principio de orden y seguridad, mano dura contra la delincuencia, cero tolerancia a las maras y la doctrina de seguridad nacional. Eso deja víctimas. Eso es terrorismo de Estado.
Es una ideología guerrerista implantada desde el Pentágono sobre la mente de pobres criminales locales disfrazados de policías, militares y civiles tontos con reminiscencias de chafarotismo de cerro.
En el mero fondo de este tipo de campañas, la verdad, hay un resorte perverso de estímulo a los negocios, pues sus mismos impulsores venden en el mercado, armas, cámaras de vigilancia, religiones, partidos políticos y hacen que Dios y el Diablo convivan extraordinariamente amistosos todo el tiempo.
A organizaciones como el Cofadeh y a su coordinadora Bertha Oliva este tipo de campañas les ha dejado lesiones graves, que incluyen ataques verbales y físicos en su sede y en la calle, además de las desapariciones de seres queridos.
A otras organizaciones la campaña les ha dejado procesos penales y asesinatos. Autocensura. Criminalización de sus luchas.
Por haber educado en el conocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos en todas sus generaciones, el Ejército y la policía les llamó a las madres de los desaparecidos “defensoras de delincuentes”.
Inducían en los años 80s campañas para justificar su impunidad brutal diciendo que “por las presiones de las organizaciones de derechos humanos los policías se ven limitados para detener a los delincuentes y también los jueces para juzgarlos con todo el peso de la Ley”.
Puras excusas perversas de manipuladores pícaros para ocultar su proceder delincuencial, igual que ahora hablan el sobrino del criminal Gustavo Álvarez y el licenciado Arrazola, del partido de los golpistas, para atraer los votos según ellos de la población que amedrentan.
También el propio Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, en su afán de imponer de nuevo el militarismo contra la población, atacan las denuncias contra los abusos y violaciones a derechos humanos que cometen los robocops azules y negros que han sacado a las calles.
En muchas ocasiones, cuando no han podido justificar su demagogia en el tema de la inseguridad, agobiados por el peso de la opinión pública negativa encima de ellos, recurren al ataque. Atacan para que otros nos ataquen. Atacan así porque ellos esencialmente son cobardes.
Dicho en forma clara ellos son instrumentos de un neo fascismo que está decidido a detener con fuerza bruta la presencia del pueblo en la toma de decisiones políticas y, a la vez, profundizar a sangre y fuego un modelo neoliberal sangrón que destruye los derechos y garantías de los seres humanos.
Pero como ha contestado los ataques la coordinadora del Cofadeh, podemos repetir con ella, que “la policía militar es una banda de mercenarios integrantes de un nuevo escuadrón de muerte de cuyos actos violentos serán responsables Pepe Lobo y Juan Orlando”.
O quizás prefieran una respuesta como la del presidente de la ANDI, Adolfo Facussé, quien dijo que a pesar de la angustia de la gente en los barrios por la falta de seguridad “esos robocops no tienen nuestro apoyo porque no merecen nuestra confianza”.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 9 de noviembre de 2013
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