El Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-, ante las acciones del juez
suplente José Luis Patán Piché, hace saber:
Que el señor Jacobo López Ac desempeñaba la labor de
promotor de salud en 1983 cuando fue capturado de manera ilegal y desaparecido
forzadamente, habiendo dejado a cinco niños en la orfandad.
El hecho ocurrió el 25 de enero de aquel año en la aldea
Tampó del municipio de Tactic de departamento de Alta Verapaz, fue sacado de su
residencia por miembros del Ejercito, al siguiente día en la misma comunidad
fue desaparecido forzadamente el señor Rodolfo López Quej, en ambas acciones
delictivas se identifica plenamente a los señores Baltazar Milian Morales y
José Manuel Castañeda Aparicio como supuestos autores.
Treinta años de lucha por parte de la familia y del Grupo de
Apoyo Mutuo se logra la captura de los sindicados, este logro se debe a un
quinquenio de investigaciones del Miniterio Publico y la Procuraduría de los
Derechos Humanos, sin embargo esta larga etapa toma un rumbo insospechado,
cuando por el rol de vacaciones del Organismo Judicial el proceso recae
temporalmente en el Juez José Luis Patán Piché, quien en un par de acciones
parece querer negar el acceso a la justicia a los familiares de los
desaparecidos.
Entre otras situaciones ha citado a las partes a audiencias
fundamentales con menos de dos horas de anticipación, situación que merece
análisis en cuanto a los plazos fijados por la Ley del Organismo Judicial y
además también en algunas ocasiones sin presencia de las partes lo cual puede
ser una Acción Procesal Defectuosa, en un sistema judicial saturado y sin ser
causa principal de su judicatura, llama la atención la celeridad con que este
caso en particular está siendo atendido.
La gravedad del delito de desaparición forzada ha sido
señalada en varios fallos a nivel nacional en donde se ha señalado la necesidad
de la búsqueda de las víctimas de este delito que se ha nominado entre los
delitos de lesa humanidad por sus características pluriofensivas no solo contra
las mismas victimas sino contra el colectivo social mundial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas
sentencias ha instado al Estado de Guatemala y esto incluye al Organismo
Judicial a no cesar en la búsqueda de las 45,000 víctimas de desaparición
forzada en Guatemala.
Les pedimos estar pendientes del desarrollo de este proceso
el cual puede revictimizar a los familiares de estas dos personas pero más allá
de negar la posibilidad a Guatemala de encontrarse con la Justicia.
La justicia transicional es de suma importancia para
alcanzar la paz y el desarrollo, tan necesarios en nuestra sociedad, sin esta
estaremos en una crisis permanente de falta de certeza jurídica.
Guatemala 29 de diciembre de 2013
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