“Métodos policiales violentos”
El comité de Naciones Unidas destacó el avance
de la Argentina en juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura y planteó su preocupación por las desapariciones en los últimos años
de “jóvenes en situación de extrema pobreza”.
El secretario de Derechos Humanos, Martín
Fresneda, encabezó la delegación argentina.
El Comité contra la Desaparición Forzada de
Naciones Unidas (ONU) celebró el avance de las causas por delitos de lesa
humanidad durante la última dictadura y a la vez expresó su “preocupación” por
los “nuevos casos de desaparición forzada” que tienen como víctimas a “jóvenes
en situación de extrema pobreza y marginación social”, y por su relación con
“métodos policiales violentos”. Al cierre de su período de sesiones y luego de escuchar
a la delegación argentina, que encabezó el secretario de Derechos Humanos,
Martín Fresneda, el organismo responsable de controlar el cumplimiento de la
Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas destacó el trabajo que
realizan las fiscalías especializadas, manifestó su inquietud frente a
recientes cuestionamientos recibidos y recomendó que toda desaparición forzada,
por la complejidad que implica su investigación, se encomiende a unidades
fiscales “con la debida especialización y experiencia”.
Elías Gorosito desapareció en Paraná en 2002,
luego de ser golpeado por policías de Entre Ríos. Iván Torres fue visto por
última vez en 2003, cuando policías de Comodoro Rivadavia lo forzaron a subir a
un patrullero. Luciano Arruga desapareció en 2009, luego de sufrir amenazas y
torturas de policías bonaerenses de Lomas del Mirador. Daniel Solano fue visto
por última vez hace dos años, cuando policías de Río Negro lo sacaron a golpes
de un local bailable en Choele Choel. Facundo Rivera Alegre, desaparecido el
año pasado en Córdoba, era víctima de hostigamientos policiales. Los casos
constan en el informe alternativo presentado por el CELS, que define la
desaparición forzada en democracia como “método policial extremo para
garantizar el encubrimiento y/o evitar o entorpecer investigaciones sobre
abusos y otras formas de violencia cotidiana de la policía sobre los jóvenes
pobres”.
“Estas desapariciones son realizadas aplicando
métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando
la desaparición como método para encubrir delitos”, coincidió el Comité de la
ONU en sus “observaciones finales” sobre el informe presentado por la
Argentina, que informó en conferencia de prensa el experto Rainer Huhle. El
organismo recomendó al Estado argentino “promover reformas institucionales en
el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia” y también
“garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales”, que “continúen hasta
que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona
desaparecida”.
Otro capítulo de las observaciones está
dedicado a las medidas de protección de víctimas y testigos, en particular a
quienes están privados de su libertad. El Comité reconoce que existen medidas
de protección, pero alerta que las condiciones en las cuales prestan testimonio
son “en muchos casos traumáticas y revictimizantes”, y destaca el “efecto
intimidatorio” que sigue teniendo sobre posibles testigos la desaparición de
Jorge Julio López en 2006, aún no esclarecida. El Estado debe garantizar “que
las fuerzas de seguridad de las que se sospeche han cometido una desaparición
forzada no participen en las investigaciones” y que tampoco “puedan influir”
sobre otros investigadores. El ejemplo más cercano ocurrió tras la desaparición
de Arruga, cuando la fiscal Roxana Castelli delegó la investigación en la
policía bonaerense pese a las denuncias de familiares, que señalaban a esa
fuerza como responsable.
Una “preocupación” que organismos de derechos
humanos denuncian desde hace tres décadas se relaciona con “la existencia de
normas nacionales que permiten la detención administrativa, sin orden judicial
previa o control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia”. El
Comité alerta acerca de que las desapariciones de los últimos años “están en
gran medida relacionadas con detenciones administrativas” y destaca la
necesidad de “un control judicial inmediato” a cada detención.
Otra práctica habitual de los servicios
penitenciarios que aumenta el riesgo de desapariciones forzadas tiene que ver
con los traslados “arbitrarios o para encubrir sanciones” entre centros de
detención. El organismo recomienda como contrapartida que todo traslado esté
“sometido a un control de la autoridad judicial” y que se realice con
conocimiento del abogado y de los familiares del interno. Informado por la
delegación oficial sobre la implementación “en trámite” de un Registro
Informatizado de Detenidos, el comité de la ONU aconsejó su concreción
“urgente” y el desarrollo de “un protocolo de actuación uniforme y un sistema
de control equivalente para todos los centros” de detención del país.
En los últimos puntos el Comité manifiesta su
“satisfacción” por la aprobación de la ley que establece un Mecanismo Nacional
de Prevención de la tortura pero “lamenta que todavía no se encuentre
totalmente operativo” y destaca la importancia de “asegurar su independencia”.
También remarca en particular su preocupación
por información “de que el procurador penitenciario no tiene acceso a los
centros de detención de menores”.
Sobre la responsabilidad de reparar a las
víctimas de desapariciones forzadas, el Comité valora los avances respecto de
los miles de casos ocurridos durante el terrorismo de Estado pero destaca la
necesidad de extender “el derecho a la reparación, a la verdad y a una
indemnización rápida, justa y adecuada” a las víctimas posteriores a 1983
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