Javier Candia
En condiciones de ser analizado por la Sala del Senado quedó
el proyecto en primer trámite, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La iniciativa no deja conformes a organizaciones, las que aseguran que antes de
establecer reparticiones públicas se debe definir una política de Estado seria
que promueva las garantías fundamentales de las personas.
La Comisión de Hacienda del Senado despachó el articulado de
la iniciativa que busca establecer, a
nivel gubernamental, una entidad para el tratamiento de Derechos Humanos,
además de prestar la asesoría para la concreción de programas relativos a la promoción y protección de estos.
Andrés Zaldívar, presidente de la instancia
legislativa, explicó que el Ejecutivo
introdujo los perfeccionamientos necesarios en materia de normas de
encasillamiento, formaciones de planta y vigencia de los decretos de fuerza de
ley que darán nacimiento a la nueva subsecretaría.
Sin embargo, el parlamentario demócratacristiano afirmó que
se requiere precisar más las diferencias entre la subsecretaria y el ya
existente Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH).
En este sentido, el parlamentario de la falange explicó
que “creemos que ese proyecto adolece de
un error, que las facultades del Instituto de Derechos Humanos son similares en
varias de ellas a las facultades que se entregan a la subsecretaria y que eso
puede provocar un conflicto de atribuciones y nos abstuvimos en esa
disposición, pero fue aprobada porque en definitiva después de dos votaciones
las abstenciones se suman a la mayoría, pero quisimos dejar constancia en el
texto de que hay una contradicción entre lo que significan las facultades de
una y otra institución”.
Para la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, el problema no es sólo de
institucionalidad. Prueba fundamental de ello es el papel jugado por el
programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que, según la
dirigente, durante el actual Gobierno ha tenido una débil actuación.
“El Programa de Derechos Humanos dependiente del ministerio
del Interior pudo haber cumplido prácticamente las mismas funciones que una
subsecretaria, sin embargo, no las ha cumplido y ya no las cumplió porque hay
una intencionalidad política que lo impide, por lo tanto, el tema tiene más
bien que ver con cuáles van a ser los contenidos, cuáles van a ser las
funciones, cuáles van a ser los límites que va a tener esta institucionalidad y
fundamentalmente cuáles van a ser las facultades”, aseveró Mireya García.
Este programa ha sido cuestionado permanentemente por la
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, a quienes no ha patrocinado
aún en todas las querellas que buscan
presentar a la justicia.
Alicia Lira, presidenta de esa entidad, comentó a Radio
Universidad De Chile que lo más complicado es lograr que una instancia del
Estado tenga la autonomía para promover derechos vulnerados por el mismo, como
por ejemplo ocurre con leyes que criminalizan la protesta social.
Por esto, la dirigente de los familiares de ejecutados
políticos en dictadura indicó que “lo primero que tiene que haber es voluntad
política en temas de derechos humanos en cuanto a las violaciones de derechos
humanos en dictadura y buscar la forma de promover, difundir y proteger los
derechos fundamentales de las personas y para nosotros no es garantía una
subsecretaría”.
Una vez resueltos los requisitos de forma como normas de
funcionamiento, la Ley que crea esta Subsecretaría de Derechos Humanos pasó a
la Sala del Senado para ser discutida durante el mes de enero.
http://radio.uchile.cl/2013/12/27/discrepancias-sobre-prioridades-y-facultades-por-creacion-de-subsecretaria-de-dd-hh
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