- EEUU lo expulsaría por torturas y genocidio cometidos en El Salvador entre 1979 y 1989, antes y durante la guerra civil
- El ex ministro de Defensa y general retirado Eugenio Vides Casanova intentará evitar la expulsión de EEUU el próximo jueves 6 de febrero, donde es acusado de cometer torturas y asesinatos en El Salvador durante la década de los años 80s. El militar apelará una orden de deportación emitida por un Juez de Inmigración en mayo del pasado año 2013, defendida por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, informaron los abogados de las víctimas.
Por Víctor Flores García
Vides Casanova, apodado “El Chato” por su prominente nariz,
no sólo es una figura militar de los siniestros años 80, sino que se emparentó
con la elite política cuando enviudó y se casó en segundas nupcias con Lourdes
Llach, hermana de la ex Primera Dama, Margarita Llach de Cristiani (esposa del
Presidente Alfredo Cristiani, 1989-1994). Ambas son hijas de un terrateniente
cafetalero y ex embajador de El Salvador durante la guerra civil ante la Santa
Sede del Vaticano (1977-1991), Prudencio Llach Schonenberg. Cristiani es el
primero de los cuatro presidentes del derechista partido Arena, fundado por
Roberto D’Aubuisson que gobernaron 20 años desde 1989 hasta 2009.
Entre muchos salvadoreños, la temible Guardia Nacional se
ganó la reputación de ser la peor de las tres fuerzas de seguridad en
violaciones de los derechos humanos, durante las campañas de persecución de la
oposición política, legal o clandestina. Cinco oficiales que estuvieron bajo el
mando del entonces general Vides Casanova han sido acusados por el asesinato de
cuatro monjas norteamericanas de la orden Maryknoll, y otros dos han resultado
involucrados en la muerte a tiros de dos consejeros laborales estadounidenses
en misión en San Salvador, conocida como la masacre del Hotel Sheraton (hoy
Crowne Plaza).
La investigación reveló que en ese hotel, el 3 de enero de
1981, poco antes de una masiva ofensiva guerrillera, guardias nacionales
asesinaron al entonces presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación
Agraria, Rodolfo Viera, y los asesores estadounidenses Mark Pearlman y Michael
Hammer. Los uniformados integraban el cuerpo de seguridad personal del jefe y
el subjefe de inteligencia de la Guardia Nacional, teniente coronel Mario Denis
Morán y el teniente Isidro López Sibrián, junto con el capitán Roberto Ávila y
del empresario Hans Christ.
Los generales fueron acusados además por la masacre de más
de 70 campesinos en Las Hojas, en el occidental Sonsonate, en febrero de 1983
por soldados del ejército. La masacre fue cometida dos meses antes de que Vides
Casanova fuera ascendido a ministro de Defensa y aún era director de la GN. Un
juez estadounidense determinó que fue él quien encubrió y evitó procesar a los
asesinos cuando ya había asumido la cartera de defensa.
En cuanto a las religiosas, Ita Ford, Dorothy Kazel, Jean
Donovan y Maura Clarke, ellas fueron detenidas por guardias nacionales cuando
venían de recoger a monja Ita del aeropuerto hacia San Salvador, el 2 de
diciembre de 1980. Después fueron violadas sexualmente y asesinadas por agentes
de la Guardia Nacional, quienes después admitieron su participación. Los
uniformados afirmaron que obedecieron órdenes superiores. Los investigadores
tiraron de esa punta de la madeja para llegar a los generales.
Aunque el calendario de la política interna en El Salvador
está desvinculado del caso, la Junta de Apelaciones sobre Inmigración de EEUU
escuchará los argumentos del ex alto jefe militar, apenas cuatro días después
de las elecciones presidenciales del domingo 2 de febrero, en las cuales la
izquierda del FMLN busca un segundo mandato y Arena volver al poder Ejecutivo,
entre dudas de una segunda vuelta. La discusión de la apelación del jueves de
la próxima semana durará una hora, a partir de las 11 AM, en la sede del
organismo judicial, en la ciudad Falls Church, Virginia.
Vides Casanova quiere demostrar que durante la guerra civil
“dependió de la asesoría, la asistencia militar y financiera del gobierno de
Estados Unidos, que estaba plenamente al tanto de las acciones de la Guardia
Nacional y de todos los militares salvadoreños”. Una fuerza de 55 oficiales
estadounidenses asesoraba a los militares salvadoreños en los cuarteles
militares salvadoreñas durante la era del presidente Ronald Reagan en la década
de los años 80s.
La asesora jurídica Carolyn Patty Blum, del Centro de
Justicia y Responsabilidad (CJA, Center for Justice and Accountability, en
inglés) que representa a las víctimas sobreviviente de torturas, estará
presente en la audiencia para hacer comentarios a la apelación, de acuerdo con
un reporte del organismo.
El general Vides Casanova intentará argumentar contra las
conclusiones del juez de inmigración que ha establecido que el alto jefe
militar "ordenó, incitó, apoyó o incluso participó en la tortura o
ejecuciones extrajudiciales", en El Salvador cuando ocupaba el cargo de
Director de la Guardia Nacional (1979-1983) y después fue designado ministro de
Defensa (1983-89), durante el gobierno de democristiano José Napoleón Duarte.
Un grueso expediente con pruebas
Junto con el general Guillermo García, ex ministro de
Defensa, su antecesor, esos jefes militares dominaron las campañas
contrainsurgentes desde el golpe de Estado contra el gobierno del general
Carlos Humberto Romero, en octubre de 1979, hasta junio de 1989, poco antes de
la masacre de seis jesuitas de la UCA y sus dos empleadas, cometida en noviembre
de ese mismo año crucial. El CJA, con la abogada Almudena Bernabéu al frente,
también lleva el caso de extradición a España del alto mando involucrado en el
asesinato de los sacerdotes encabezados por Ignacio Ellacuría, denegada por la
Corte Suprema de Justicia.
El general Vides Casanova y el general Guillermo García
también fueron acusados en una demanda civil presentada por el CJA en nombre de
tres sobrevivientes de tortura: los ciudadanos Carlos R. Mauricio, el doctor
Juan Romagoza y Neris González. La causa civil de CJA resultó en un juicio
multimillonario contra los generales, por tortura y otros abusos contra los
derechos humanos de otras personas, de acuerdo con el resumen ofrecido por el
CJA este jueves.
La histórica decisión de la Corte de Inmigración, de
expulsar de EEUU a Vides Casanova se fundamenta en los numerosos testimonios y
pruebas documentales contenidas en 157 páginas. El testimonio en su contra
incluía las declaraciones judiciales de los defendidos de CJA: el doctor
Romagoza que testificó sobre su tortura sufrida en el cuartel general de la
Guardia Nacional; y Daniel Alvarado, quien declaró sobre su tortura padecida en
el cuartel de la Policía de Hacienda.
El ex embajador de EEUU en San Salvador, Robert White y el
profesor de derecho en la Universidad de Stanford, Terry Karl, también
testificaron durante el juicio.
El juez James K. Grim concluyó que el general Vides Casanova
debe ser deportado de Estados Unidos por su participación en la tortura de los
defendidos por el CJA, quienes fueron víctimas entre muchos otros civiles
reprimidos y torturados. También está acusado por ayudar o participar en las
ejecuciones extrajudiciales de las cuatro religiosas estadounidenses en 1980 y
los asesinatos de dos estadounidenses y un funcionario de la reforma agraria
salvadoreña, en el Hotel Sheraton (ahora Crown Plaza), en 1981.
Ocho años en el camino a la justicia
En el año 2006, la Corte del Circuito Once de Apelaciones
confirmó un veredicto del jurado en un juicio por 54,6 millones de dólares
contra los generales y ministros de Defensa José Guillermo García (1979-1983) y
Carlos Eugenio Vides Casanova (1983-1989), quienes supervisaron el peor período
de violaciones de derechos humanos en la historia de El Salvador.
Desde aquel veredicto, el CJA ha desplegado una campaña que
incluye su testimonio ante el Congreso de EEUU para convencer al gobierno
federal de Washington de iniciar un proceso de deportación en contra de ambos
generales salvadoreños. En 2009, como resultado de cartas escritas por dos
senadores estadounidenses (Durbin y Coburn), el CJA continuó sus esfuerzos tras
bambalinas para alentar a la persecución penal. Finalmente, se anunció un
proceso de deportación contra García y Vides Casanova por haber apoyado la
tortura de civiles salvadoreños.
A diferencia de Vides Casanova, el general García, quien era
ministro de Defensa cuando fue asesinado el arzobispo Monseñor Oscar Arnulfo
Romero, ha admitido que el ejército salvadoreño cometió abusos tales como las
torturas que se les imputan, la masacre de El Mozote; pero también asegura en
su propio juicio paralelo que contaba con la asesoría de EEUU.
El 23 de febrero de 2012, el juez de inmigración dictaminó
que Vides Casanova, el ex ministro de Defensa de El Salvador 1983-89, podría
ser deportado bajo la ley de inmigración de EEUU por la tortura de ciudadanos
salvadoreños, y por los asesinatos de cuatro religiosas estadounidenses en
1980, y el asesinatos de dos estadounidenses y un funcionario de la Reforma
Agraria salvadoreña.
Esta decisión histórica fue la primera vez que los fiscales
federales de inmigración de EEUU han establecido que un comandante militar
extranjero de alto rango puede ser deportado, acusado de violaciones de los
derechos humanos. Esa posibilidad existe en virtud de una ley aprobada a raíz
de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra EEUU,
cometidos por fundamentalistas islámicos suicidas que secuestraron cuatro
aviones y los estrellaron en NY y Washington. La ley antiterrorismo, fue
emitida con la intención de prohibir que violadores de derechos humanos entren
o viven en los Estados Unidos. Ahora ha dado un giro hacia el pasado.
Para aplicar esta ley se considera la “responsabilidad de
mando”: los comandantes sabían que sus subalternos cometían crímenes de lesa
humanidad y no hicieron nada para impedirlos ni para castigar a los
responsables.
En 2007, el doctor Juan Romagoza y la Directora Ejecutiva
del CJA, Pamela Merchant, testificaron ante el Subcomité del Comité Judicial
del Senado de EEUU sobre derechos humanos. La audiencia denominada "Nunca
un paraíso: Rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos en EEUU",
examinaba lo que podría hacerse en las esferas de la política, la legislación y
la aplicación de la justicia, contra violadores de los derechos humanos que se
han asentado en EEUU.
Como resultado de ese testimonio, los senadores Durbin y
Coburn instaron en una carta al Gobierno para que investigara la posibilidad
del procesamiento o deportación de los generales. En 2009, como resultado de
esa carta y los esfuerzos del CJA para alentar a la persecución penal contras
los jefes militares, se anunció un proceso de deportación contra García y Vides
Casanova por ayudar en la tortura de civiles salvadoreños.
Después de muchos retrasos, el juicio contra Vides Casanova
se inició el 11 de abril de 2011 y dos víctimas testificaron. El juicio duró
una semana. El CJA también ofreció al Gobierno de EEUU pruebas utilizadas
durante el caso civil en contra de los generales.
El 23 de febrero de 2012, el juez de inmigración dictaminó
que Vides Casanova, ex ministro de Defensa de El Salvador, podría ser deportado
con base en la ley de inmigración de EEUU, por la tortura de ciudadanos
salvadoreños, los asesinatos de cuatro religiosas estadounidenses en 1980, y
los asesinatos de dos estadounidenses y un funcionario de la Reforma Agraria
salvadoreña en 1981.
En mayo de 2012, Vides Casanova solicitó la suspensión de la
orden de expulsión emitida el 23 de febrero de ese año. Esta solicitud fue
denegada el 16 de agosto de 2012. El 17 de septiembre de 2012, Vides Casanova
apeló la decisión de la Junta en pleno.
Petición de The New York Times: revelar todo el expediente
A finales de 2012, el Departamento de Justicia negó una
solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información, hecha por el diario
The New York Times para conocer la decisión del juez. The New York Times
presentó una demanda en la corte federal el 3 de abril de 2013, y el caso se
turnó ante el Juez Richard Sullivn, de Nueva York. Después de que se presentó
la demanda, el
Departamento de Justicia revocó su decisión de denegar la
solicitud. Una versión corta de la decisión del juez fue liberada el 4 de abril
de 2013 y publicada por el diario.
Pero el 29 de mayo del año pasado, The New York Times
solicitó la revisión judicial federal de su solicitud para divulgar el
expediente completo (transcripciones y documentos) en los procedimientos de
expulsión contra el ex ministro de Defensa Vides Casanova.
Las abogadas del CJA ha hecho un reconocimiento al
periodismo de investigación del diario newyorkino: “El CJA aplaude el
compromiso del New York Times con la transparencia de los procedimientos de
expulsión. Los casos de deportación se han convertido en un medio importante
para poner fin a la impunidad de la cúpula militar salvadoreña durante el
terrorismo de Estado cometido en la década de 1980 y para contribuir a la
exactitud de los registros históricos del conflicto salvadoreño”.
La verdad ha comenzado a emerger sobre la historia
salvadoreña en las cortes de EEUU y la justicia se asoma lentamente… 33 años
después de cometidos los crímenes de Estado.
Nota tomada de: http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/general-vides-casanova-intenta-evitar-deportacion-de-eeuu-por-violaciones-a-ddhh
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