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Con el tema “La importancia del Comité de las Naciones Unidas
contra la Desaparición Forzada” concluyó la serie de cuatro conversatorios organizada
por Amnistía Internacional en el marco de su campaña “Abre los Ojos por los
Desaparecidos”, la cual busca que el Estado peruano acepte las competencias de
este Comité.
En el evento, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega,
manifestó que la Defensoría se mantendrá vigilante para que el Estado reconozca
las competencias del Comité; asimismo, resaltó la importancia de la adecuación
del tipo penal de desaparición a los estándares internacionales y de la
adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, por
considerarlas medidas a las que un Estado debe aspirar para lograr la plena
vigencia de los derechos humanos.
Entre los expositores estuvieron Roger Rodríguez, director
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Alberto Adrianzén,
parlamentario andino; y Gabriel Chávez Tafur, investigador del Instituto de
Defensa Legal, quienes expresaron, desde su ámbito de trabajo, la necesidad de
la aceptación por parte del Perú de las competencias del Comité contra la
Desaparición Forzada, como una política de protección y porque el Estado
peruano está en deuda con los miles de familiares de las personas desaparecidas.
Durante los cuatro días de exposiciones se trató sobre los
diferentes ejes que se interrelacionan en la búsqueda de las personas
desaparecidas: la investigación forense, la judicialización de los casos y el
acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.
Se remarcó que en la búsqueda de los desaparecidos la
investigación penal demora y no permite la entrega de los restos mortales a sus
familiares, por lo que no pueden cerrar su duelo y siguen esperando (en algunos
casos han pasado tres décadas desde ocurrido el hecho). Asimismo, se puso de
manifiesto que la judicialización de los casos es lenta y no hay sentencias, en
tanto existe una fuerte carga procesal (de diverso tipo) en las fiscalías a
cargo de estos casos, lo que impide un avance sustancial. Finalmente, se expuso
la ausencia de acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas,
salvo excepciones, durante todo el proceso de búsqueda, a pesar de los
esfuerzos realizados a la fecha tanto por las organizaciones de la sociedad
civil cuanto por el Estado.
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