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| Una mujer llora ante su humilde vivienda quemada, tras un desalojo en Capiibary, el pasado 5 de noviembre, en la estancia Panambí, propiedad del abogado Eduardo De Gásperi. |
Una comitiva de DDHH, integrada por ONGs de Argentina,
Chile, Colombia, EE.UU. y Suecia denunció hoy la violencia a la que son
sometidos campesinos e indígenas con el pretexto de perseguir EPP.
EFE.- Las denuncias fueron recogidas en un informe
presentado este jueves a los medios, después de que 43 representantes de ONG,
integradas en una "Misión de Observación internacional", visitaran
durante cuatro días distintas zonas de Paraguay donde se supone que opera el
grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
"Con el argumento de la persecución del enemigo interno
(EPP), desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado
paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través de la asignación
de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares", dice el
informe elaborado por la Misión.
El texto, basado en testimonios de los pobladores e
instituciones de esas áreas, denuncia la existencia de agresiones, abusos
sexuales, detenciones arbitrarias e incluso avisan de la existencia de
"ejecuciones extrajudiciales" por parte de las tropas desplegadas.
"Los campesinos son sorprendidos en sus casas por la
noche y desalojados violentamente por hombres vestidos con ropa de camuflaje y
los rostros cubiertos, no se identifican y amedrentan a los niños",
manifestó en rueda de prensa Ana Juanche, una de las portavoces de la Misión.
El número de muertos atribuidos al grupo armado desde la
asunción del nuevo Gobierno del presidente paraguayo, Horacio Cartes, el pasado
agosto, se elevó a siete el 24 de octubre, con el asesinato de un comisario en
una emboscada.
El Gobierno asegura que el EPP es el autor de 32 asesinatos
en distintos ataques desde 2005.
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| Un hombre es detenido tras el desalojo en tierras reclamadas como legítimas al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. |
Además, el informe, en cuya elaboración participaron
organizaciones como la argentina Madres de Plaza de Mayo o el Centro
Cooperativo Sueco, asegura que recibieron relatos de "presencia de grupos
paramilitares" bajo mando de empresas dedicadas al cultivo y comercialización
de la soja.
El primer supuesto ataque del EPP tras la posesión de Cartes
se registró el 17 de agosto, cuando fallecieron cinco guardias de seguridad de
una hacienda ganadera de propiedad brasileña en Tacuatí, uno de ellos un
policía en activo fuera de servicio.
A los pocos días, el Gobierno logró que se aprobaran
enmiendas a la Ley de Defensa Nacional para enviar de inmediato fuerzas
militares a la zona donde presuntamente opera el grupo, en los departamentos de
San Pedro, Concepción y Amambay, fronterizo con Brasil.
El pasado 1 de octubre, otro oficial de la Policía murió
también en Tacuatí, en el ataque a una comitiva del Ministerio del Interior que
realizaba una misión de capacitación policial en derechos humanos.
Desde entonces, unos 300 efectivos del Ejército permanecen
desplegados en la zona.
"Lo que ha pasado en la realidad es que en vez de
encontrar a los responsables se están produciendo abusos contra personas
inocentes", afirmó en la rueda de prensa Enrique Gauto, secretario
ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
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| Sin consuelo, una niña ve cómo se llevan preso a su padre en un móvil sin identificación utilizado por las fuerzas conjuntas en el norte del país. |
El EPP, al que las autoridades atribuyen sus orígenes en el
partido Patria Libre, no ha reivindicado públicamente ninguno de los ataques
ocurridos desde agosto, y el Gobierno no ha facilitado información de
detenciones de presuntos miembros en estos meses
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