El fiscal federal de Mar del Plata Pablo Larriera afirmó que
el juicio por la causa contra los integrantes del grupo Concentración Nacional
Universitaria (CNU), que operaron en esa ciudad durante los años `70,
“permitirá establecer las relaciones que algunos miembros del Poder Judicial
tuvieron con el terrorismo de Estado”.
“En el marco de los juicios de lesa humanidad que vienen
desarrollándose en los últimos años, esta causa posee algunas particularidades.
Acá estamos juzgando a una organización parapolicial que tuvo aceitados
vínculos con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad”, sostuvo el fiscal
en declaraciones a Télam.
El expediente que instruyó Larriera fue elevado a juicio
oral en diciembre pasado por el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado
Federal 3 de Mar del Plata, y es probable que el debate se desarrolle a medidos
de este año.
El magistrado imputó por homicidio calificado y asociación
ilícita a Gustavo Modesto Demarchi, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis
Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel, Mario Ernesto Durquet, Raúl Rogelio
Moleon, Juan Pedro Asaro, Marcelo Arenaza y Fernando Alberto Otero por hechos
que tuvieron lugar entre febrero de 1975 y marzo de 1976.
“Demarchi era fiscal federal e integraba este grupo
parapolicial que se gestó en la Universidad de Mar del Plata, y por el lugar
que ocupaba en el Poder Judicial, le resultaba sencillo conseguir información
sobre las víctimas y ordenar procedimientos fraguados”, especificó Larriera.
El funcionario explicó que la pertenencia de Demarchi al
sistema judicial fundamenta la acusación de lesa humanidad contra estos
antiguos parapoliciales.
La CNU surgió en 1968 en la Universidad de La Plata y además
de hacerse fuerte en la capital de la provincia de Buenos Aires, esta
organización de derecha adquirió una importante presencia en los claustros de
Mar del Plata y Bahía Blanca.
En diciembre de 1971, protagonizó un violento ataque contra
una asamblea estudiantil que se efectuaba en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Mar del Plata, un hecho en el que resultó muerta de un balazo en
la cabeza la estudiante Silvia Filler.
Por ese crimen resultaron condenados Oscar Héctor Corres
–autor del disparo que dio muerte a Filler— y Raúl Arturo Viglizzo, entre
otros.
Sin embargo, todos los acusados quedaron en libertad por la
amnistía que el presidente Héctor Cámpora decretó el 25 de mayo de 1973.
Viglizzo, uno de los principales ideólogos de la
organización, junto con Demarchi, se entregó a la Justicia hace una semana y
era requerido por el Juzgado Federal 3 por la causa denominada como “La noche
del cinco por uno”.
Bajo el amparo de José López Rega, entonces ministro de
Bienestar Social y mentor de la Triple A , la CNU incrementó sus ataques a los
militantes populares en 1974, tras la muerte de Juan Domingo Perón.
“Era un contexto de constantes enfrentamientos entre grupos
de derecha e izquierda en una ciudad que por entonces tenía apenas 300.000
habitantes”, reseñó Larriera.
El 20 de marzo de 1975, el líder de la CNU, Ernesto Piatoni
–abogado y dirigente sindical-, y que era hombre de confianza de López Rega en
la ciudad, resultó asesinado en una operación de Montoneros.
En su velorio, los miembros de esta banda parapolicial juran
venganza y esa misma noche asesinan a Bernardo Goldenberg, al teniente primero
Jorge Videla y a sus hijos Jorge y Guillermo.
Meses después, también cayeron bajo las balas de la CNU, el
dirigente peronista Enrique Elizagaray, Daniel Gáspari, Jorge Stoppani y la
decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del
Plata, María del Carmen Maggi.
“La influencia de Demarchi era fundamental para liberar
zonas y permitir el accionar de los miembros de la CNU. Esto era algo que se
supo por años en la ciudad”, apuntó Larriera.
Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, varios integrantes de
esta banda pasaron a integrar el aparato del terrorismo de Estado y tuvieron
participación en la “Noche de la Corbatas Largas”, un hecho en el que
resultaron secuestrados seis abogados laboralistas marplatenses, en julio de
1977.
La acusación también cree que durante el debate pueden
surgir elementos que relacionen a los acusados con el suspendido juez Pedro
Hoft, acusado de participar en el terrorismo de Estado desde su condición de
magistrado, en un expediente que también instruye Larriera.
“Hay vasos comunicantes entre la CNU y la represión que se
desató tras la dictadura. Lo bueno es que en el juicio oral empezamos a
recorrer un camino que nos permitirá establecer verdad y justicia”, puntualizó.
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